La Contraloría Regional del Biobío rechazó la solicitud presentada por el secretario general de la Corporación Social y Cultural de Concepción (SEMCO), Armando Cartes Montory, y decidió mantener íntegramente las observaciones contenidas en el Informe Final N° 368 de 2024, que detectó eventuales conflictos de interés en contrataciones y operaciones realizadas por la entidad durante 2023.
El pronunciamiento, emitido el 9 de mayo de 2025, respondió a una solicitud de reevaluación presentada por Cartes, quien buscaba revertir cinco observaciones relacionadas con presuntos conflictos de interés que involucraban a funcionarios de la corporación y contrataciones financiadas mediante proyectos públicos.
Contraloría mantuvo cuestionamientos
Entre los antecedentes revisados se encuentra la participación de funcionarios de SEMCO en la ejecución de proyectos financiados por el Gobierno Regional del Biobío. Aunque el recurrente argumentó que las contrataciones fueron aprobadas por el Gobierno Regional y que no existió intervención indebida, la Contraloría concluyó que sí existió un potencial conflicto de interés debido a que las mismas personas involucradas tenían responsabilidades de supervisión y ejecución dentro de la iniciativa.
Asimismo, el organismo ratificó observaciones vinculadas a la contratación de la empresa Trama Impresores S.A., señalando que uno de los funcionarios mantenía una relación comercial particular con dicha empresa mientras esta prestaba servicios a la corporación. Según Contraloría, esta situación configura un conflicto de interés en los términos de la Ley N° 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.
Compra de colección histórica también fue observada
Otro de los puntos cuestionados corresponde a la adquisición de una colección iconográfica para el Archivo Histórico de Concepción. Si bien SEMCO defendió la compra argumentando que estuvo respaldada por informes técnicos y profesionales, Contraloría sostuvo que la sola calidad del vendedor como director de la Biblioteca Municipal y coordinador del Archivo Histórico era suficiente para configurar un potencial conflicto de interés.
El conflicto puede ser potencial
En su resolución, el ente fiscalizador recordó que el deber de abstención de funcionarios y autoridades no solo opera cuando existe un beneficio efectivo, sino también cuando concurren circunstancias que puedan afectar objetivamente la imparcialidad de una decisión pública. Por ello, indicó que los conflictos de interés potenciales también pueden constituir infracciones al principio de probidad administrativa.
Finalmente, Contraloría concluyó que los argumentos presentados por el recurrente ya habían sido analizados durante la auditoría original y resolvió desestimar completamente la reconsideración, ratificando el Informe Final N° 368 de 2024 en todos sus términos.
